
El documento presentado por Ahern se centra en las alegaciones de abusos contra 46 sacerdotes de la archidiócesis de Dublín. La jerarquía católica encubrió sistemáticamente las denuncias para eludir el escándalo, y para ello contó con el apoyo del establishment irlandés y de su atávico servilismo hacia la Iglesia. Ilustrativa de la participación policial en el encubrimiento es la historia de un pequeño de 11 años objeto de abusos. Un sacerdote acudió a denunciar las agresiones sufridas por Andrew, pero los agentes, en lugar de emprender una investigación, plantearon el asunto ante la jerarquía eclesiástica, lo que supuso el punto final del caso. El ministro Ahern reconoció ayer que "en algunos casos, y debido a acciones u omisiones, algunas personas que buscaron ayuda no siempre recibieron el nivel de respuesta y protección que debió garantizarles la An Garda Siochána (policía de Irlanda)".
La congregación de los Hermanos Cristianos, responsable de gestionar esos centros, ya ha prometido desembolsar 161 millones de euros en concepto de reparación.
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